Resumen: El Código Procesal Penal del año 2000 reguló de manera muy restrictiva la posibilidad de un acuerdo entre el fiscal y el imputado destinado a evitar el juicio. La ley 20.931 abandonó esa concepción y creó para los delitos de hurto y robo un sistema de incentivos destinado a la producción masiva de condenas basadas en acuerdos sobre la base de premios consistentes en importantes rebajas de pena. Este artículo critica la fragmentación del sistema de justicia penal chileno que esta nueva normativa produce. Además, explora hasta qué punto el nuevo subsistema destinado a favorecer los acuerdos en los robos y hurtos se hace acreedor de la crítica que se suele dirigir al sistema de los Estados Unidos en el sentido de constituir un sistema de adjudicación unilateral por parte del fiscal.