Resumen: El presente trabajo realiza un análisis crítico de la recepción de los modelos de criminal compliance en la ley penal. En las siguientes líneas, el autor postula que el modelo impuesto por la Ley N° 20.393 adolece de graves problemas de determinación, que afectan el principio de legalidad penal en su característica de lex certa. La creación de sistemas de autorregulación forzada con obligaciones de contenido incompleto o equívoco, no puede lícitamente sustentar un reproche penal para el caso que se dé su incumplimiento. Un análisis de otros modelos nacionales y de Derecho comparado indica que sí existen modelos de criminal compliance en concordancia con el principio de legalidad. En conclusión, se propone especificar los deberes de autorregulación a través de normativa infra-legal dictada por organismos sectoriales, respetando los requisitos de constitucionalidad establecidos para las leyes penales en blanco.