Resumen El estudio de las políticas en materia de control de drogas en Bolivia es un objeto de vital relevancia para entender la evolución política del país desde la vuelta de la democracia en 1982. La Ley 1008 de 1988 reforzó la militarización de la política criminal inspirado en la doctrina de la seguridad nacional y la amalgama entre cultivo, consumo y narcotráfico impuestos por las Convenciones de la ONU para el control de drogas. Los conflictos sociales y políticos que siguieron en defensa del cultivo de coca favorecieron la movilización de organizaciones campesinas que terminaron por llevar al poder al MAS en 2006. Este artículo analiza la construcción de una política anti-narcotráfico militarizada e impuesta desde el exterior y su posterior desmantelamiento en nombre de la soberanía nacional y la prevención del consumo a partir del análisis del derecho positivo, datos estadísticos, informes y prensa.