El consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud, derecho consagrado como fundamental por la Constitución Nacional Argentina y los tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados a ésta con jerarquía constitucional por la reforma de 1994. El goce efectivo de este derecho, cuya protección debe garantizar el Estado, se enlaza con la defensa del consumidor, también con rango constitucional. Es preciso determinar a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a los daños que aquel consumo provoca tanto a fumadores activos como pasivos. A ese efecto es necesario establecer cual es el vínculo que une a éstos con las tabacaleras: es contractual, extracontractual o cabe una tercera posibilidad derivada del derecho de consumo. A su vez, se considera la posibilidad de que el fumador en espacios cerrados públicos y, aun privados, incurra en responsabilidad frente a quienes se ven obligados a inhalar el humo del tabaco. También, analizar la responsabilidad que cabe al estado dado el papel paradojal asumido, apareciendo como garante y, al mismo tiempo, violador de los derechos fundamentales comprometidos, lo cual derivaría en la posibilidad de que se convierta tanto en actor como en demandado.