La pérdida de la biodiversidad producida por el crecimiento demográfico, la demanda por recursos y la actividad productiva es contradictoria con el reconocimiento de su importancia. En ecosistemas terrestres, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) contiene cerca del 19 % del territorio de Chile continental; aunque no representa todos los ecosistemas con especies amenazadas, puede ser complementado implementando nuevas áreas protegidas públicas (AP) y privadas (APP). El desarrollo de áreas marinas protegidas (AMP) es incipiente, y algunas iniciativas comparten la responsabilidad de conservación con los usuarios locales. En Chile, un conjunto de reglamentos, normas legales y tratados internacionales promueven distintas oportunidades de conservación en ecosistemas terrestres y marinos costeros, de las cuales emergen nuevos desafíos. Entre estos destacan, estandarizar la clasificación de especies según categorías de conservación en un protocolo internacional y optimizar las metodologías para seleccionar áreas prioritarias, ambos criterios indispensables para decidir qué y dónde conservar. Otro desafío es integrar el valor intrínseco de la biodiversidad con los servicios ecosistémicos que presta para instaurar una cultura participativa. Esto mejoraría la efectividad de las distintas estrategias de protección y uso sustentable de la biodiversidad al incorporar la educación y la participación ciudadana desde una perspectiva biocultural. La educación fomenta la conservación de la naturaleza al hacernos conscientes de nuestro entorno; mientras que la participación involucra a los ciudadanos como un actor más en la toma de decisiones, procurando la aplicación efectiva de las estrategias de conservación de la biodiversidad.