Se recoge en este trabajo un análisis crítico del sistema establecido en la nueva Ley General Tributaria española en materia de reclamaciones económico-administrativas, al seguirse manteniendo, en dicha Ley, en contra de un parecer doctrinal casi unánime la obligatoriedad de interposición de tales reclamaciones antes de poder acceder al ámbito contencioso-administrativo, siendo así que lo más correcto hubiese sido, sin duda, el configurar la vía económico-administrativa como simplemente potestativa, lo que, desafortunadamente, no se ha hecho, habiéndose perdido así una magnífica ocasión para acomodar nuestro sistema tributario en materia de recursos a las exigencias derivadas del artículo 24 de la Constitución española.