Los beneficios obtenidos con el predominio del control penal a la hora de afrontar el abuso de drogas son muy dudosos, mientras que sus efectos perjudiciales se hacen especialmente evidentes. Toda política razonable ha de poner el énfasis en la prevención de la demanda y en unas medidas de reducción de daños. Por lo que respecta al régimen jurídico del tráfico de drogas, debería retornarse a un control jurídico- administrativo. Lo anterior no implica que el derecho penal deba abstenerse de intervenir en este campo. Sin duda, las infracciones más graves del control administrativo deberían constituir delito, a semejanza de lo que ya sucede con los productos alimenticios o medicamentos, así como el suministro de drogas a menores de edad o a personas carentes de modo evidente de capacidad de decisión autónoma