En el artículo se establecen los parámetros de lo que se estima una adecuada política criminal para el Ministerio Público, basada en metas de gestión que clarifiquen su rol como agente en la reducción de las tasas de criminalidad al aumentar mediante sus actuaciones el costo de la comisión de delitos (según el modelo que Gary Becker recoge de Beccaria y Bentham), haciéndose, de paso, un juicio crítico a las propuestas actuales de la institución en la materia.