La ubicación del Ministerio Fiscal español en la arquitectura constitucional diseñada en 1978 determina una especial relación del fiscal con cada uno de los tres poderes del Estado. Tradicionalmente se ha estudiado por la doctrina la relación con el poder ejecutivo y el judicial mas no podemos olvidar que también mantiene una especial relación con el poder legislativo, siendo éste el aspecto a explorar. El fiscal como defensor nato de la legalidad no puede sustraerse a un cierto control parlamentario sin que ello ponga en peligro su reconocida autonomía constitucional, existiendo un deber de rendición de cuentas al parlamento y un deber de colaboración. Esta colaboración se aprecia en las comisiones de investigación en donde el fiscal culminará el resultado de investigación parlamentaria y ofrece una colaboración indirecta a través del Defensor del Pueblo.