El artículo sostiene que, por razones constitucionales y jurídico-internacionales, el Estado de Chile tiene el deber de establecer un régimen penal diferenciado y tendencialmente más benigno para infractores adolescentes, deber que no se agota en el establecimiento de un sistema diferenciado de penas, sino que debe expresarse también en un sistema diferenciado de presupuestos de la responsabilidad penal. En la medida en que la Ley 20.084 sólo se hace cargo expresamente del primer aspecto, corresponde a la dogmática penal formular interpretativamente la "teoría del delito" del derecho penal de adolescentes, Al efecto se ensayan varias posibles adaptaciones del régimen vigente para adultos a la especialidad etaria de los adolescentes, tanto en materia de injusto como de culpabilidad