Dentro del espectacular avance legislativo experimentado en España en materia de discapacidad, destaca, especialmente, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, la cual se ha ocupado de la tutela económica de la persona con discapacidad en su vertiente jurídico-privada (por tanto, al margen de la función asistencial del Estado), operando, en nuestro ordenamiento, significativas modificaciones en instituciones clásicas, como la sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta a favor de un descendiente incapacitado judicialmente, así como creando ex novo instrumentos negóciales de enorme calado jurídico, en particular el patrimonio protegido a favor de una persona con discapacidad.