El artículo aborda las dificultades interpretativas de la llamada estafa triangular, esto es, de aquélla en que el sujeto engañado que realiza la disposición perjudicial es uno distinto del titular del patrimonio afectado. Específicamente, analiza el tipo de relación que debe existir entre engañado y patrimonio perjudicado para aceptar que aquél realiza la disposición típica exigida por la estafa. Al efecto se sostiene que no basta un simple poder fáctico de disposición, sino que se requiere una facultad para disponer. Por último se analiza el caso particular de la estafa procesal, con especial preocupación por la posibilidad conceptual de engaño y error en un contexto altamente formalizado. Para la exigencia de error se asume una interpretación que supone la normativización del concepto, enfatizando su función por sobre el hecho psíquico al que tradicionalmente ha estado asociado.