El presente trabajo efectúa un análisis crítico de la principal jurisprudencia nacional que se ha pronunciado en torno a la potestad de los órganos jurisdiccionales para aplicar oficiosamente el Derecho. En su primera parte se explica cómo la distribución de roles procesales ha ido de la mano de una serie de dogmas difícilmente cuestionables y que esa repartición tiene un nítido reflejo en la jurisprudencia nacional. Además se ponen de relieve las principales derivaciones y consecuencias de la concepción de la jurisprudencia que expresa que se debe entregar al juez las cuestiones de Derecho y a las partes los temas fácticos. Por último, a partir de diversos fallos, se explica la necesidad de ir abandonando esta rígida separación ante la necesidad de actuar las garantías procesales como el derecho de defensa.