La tradicional interpretación de la falsificación de instrumento privado como una forma especial de estafa se basa principalmente en el daño patrimonial con que se define el "perjuicio de tercero" que exige. Esta opción se cuestiona no sólo frente a la necesidad de que exista este delito de falsificación ante las amplias formas de engaño del delito de estafa, sino también respecto de la noción de falsedad y del perjuicio que requiere. En este sentido, se pone especial énfasis en la lesividad de la conducta de falsedad y la afectación que supone tal perjuicio.