Este trabajo tiene por objeto analizar el problema de la relación entre el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal, a partir de los conceptos de delito penal y de infracciones administrativa. El autor plantea que nuestra doctrina y jurisprudencia ha seguido las teorías y posiciones comparadas, sin reparar respecto de los alcances que tendrían a la luz de nuestra Constitución. A su vez, afirma que la identidad ontológica entre penas y sanciones administrativas es admisible constitucionalmente en el marco de un política represiva que el Estado debe desarrollar a partir del legislador, sujeta a límites sustantivos reconocidos y desarrollados por nuestra jurisprudencia constitucional.