Los intermediarios de Internet, comprendidos en sentido amplio, están integrando diversas actividades que hacen que, mediante la expansión de sus capacidades de regulación por código o diseño, trasciendan su rol clásico de neutralidad frente a los contenidos. Este cambio ha permitido a nivel global a los gobiernos resolver el problema de la falta de control normativo de la red mediante el uso de las capacidades normativas de los intermediarios. El incremento de poder normativo se ha traducido en una expansión de las responsabilidades criminales de los intermediarios en los últimos tiempos, correspondiendo a políticas criminales que refuerzan el control público de los usuarios de las redes en situaciones identificadas como de riesgo social, tal y como se puede apreciar en materia de vulneraciones a la privacidad, pornografía infantil y ofensas a la reputación.