El artículo tiene como objetivo identificar los antecedentes normativos que justifiquen la legitimidad de actos y contratos sobre el derecho a la imagen, en el ordenamiento nacional. Esto, teniendo presente que se lo suele considerar un derecho de la personalidad, y por tanto irrenunciable e inalienable. A su vez, aborda los problemas que se presentan ante una eventual revocación de una autorización prestada, y los que se pueden manifestar cuando el titular del derecho es un menor.