En el presente trabajo se aborda la problemática de la tutela cautelar contra la Administración pública en derecho ecuatoriano, que abarca dos regímenes completamente dispares, tanto por su amplitud como por su intensidad: el de la jurisdicción constitucional, regulado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional de 2009, y el de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria, recogida en el nuevo Código Orgánico General de Procesos; realizando un análisis crítico de dicha institución a la luz de sus fundamentos teóricos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, a los efectos de poner de manifiesto las imperfecciones de que adolece el actual sistema y realizar propuestas en función de su perfeccionamiento.