El artículo tiene por objeto detectar y analizar ciertos problemas asociados a la justificación de la criminalización de la colusión, al menos en lo que se refiere a la satisfacción de los requisitos que deben entenderse impuestos por el principio de lesividad como límite al ejercicio del ius puniendi. Vara esto se ahondará en el problema de los intereses afectados por la colusión que podrían ser jurídico-penalmente relevantes de acuerdo con la función y límites del Derecho penal económico y en las consecuencias que la resolución de tal problema podrían traer para la delimitación de las conductas que debieran ser sancionadas por esta rama del Derecho.