RESUMEN: La investigación que se presenta en este artículo busca describir cómo los denominados “conflictos de legalidad” y los “conflictos de constitucionalidad” pueden ser concebidos como garantía institucional de la jurisdicción constitucional. Estos dos conceptos han operado en la práctica como elementos de declinación o de adjudicación de competencia por parte del Tribunal Constitucional de Chile, particularmente cuando conoce de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y, por lo mismo, se erigen como mecanismos de deferencia entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria.