El constitucionalismo democrático del siglo XXI, anclado en el binomio dignidad humanal solidaridad social, acaba chocándose con una cultura jurídica extremadamente positivista proveniente de una legislación históricamente fundada en normas de derecho privado. Estos derechos fundamentales, mientras principios supremos de una comunidad y ahora provistas de fuerza jurídica y eficacia inmediata, puesto su positivación, dependen también, para su efectividad, de acciones conjuntas, pues como metas y objetivos electos por una comunidad presuponen participación política y jurídica, tanto en su respeto, como en su interpretación y aplicabilidad, lo que permite una apertura constitucional a sus ciudadanos, concretizando así la propia Constitución a través de la democratización del sistema de derechos fundamentales. En esta estela, el "nuevo"concepto de democracia se vuelve indisociable de la idea de concretización de los derechos fundamentales, motivo por el que los tiempos "post-modernos" exigen un nuevo modelo de ciudadano: un sujeto activo y transformador de la sociedad en la que se inserta.