El objetivo de este artículo es analizar la importancia de los partidos políticos en la institución de la democracia y su papel en la defensa de las minorías. A continuación, se analizan las disposiciones de la nueva Ley de Mandato de Seguridad en las que se considera a los dirigentes y órganos de los partidos políticos autoridades coactoras, así como el dispositivo que trata la cuestión de la limitación a la que los partidos políticos están sujetos de presentar una acción de mandato de seguridad colectivo. Finalmente, se demuestra la inconstitucionalidad de estas disposiciones de la nueva Ley de Mandato de Seguridad.