El objetivo de esta investigación es analizar qué se puede exigir directamente de la Administración Pública en materia de derechos económicos y sociales, y cuáles son los requisitos jurídicos exigiblespara responsabilizar al Estado por omisión desde la Constitución brasileña actual. Se defiende en el trabajo que dicha exigibilidad no está limitada a las condiciones mínimas de existencia digna y que, desde la concepción de multifuncionalidad inherente a todos los derechos fundamentales, la aplicabilidad inmediata de los llamados "derechos de libertad" y de los "derechos económicos y sociales" es la misma. Se sostiene, además, que para la configuración del deber estatal de indemnizar daños decurrentes de omisiones en este campo es innecesaria la perquisición de culpa, tratándose de hipótesis de responsabilidad objetiva.