El presente trabajo evalúa la constitucionalidad de la huelga de hambre de personas que se encuentran privadas de libertad y de la alimentación forzada de las mismas, en diálogo con la jurisprudencia nacional que desde hace tres décadas se ha pronunciado sobre estos temas. La herramienta utilizada al efecto es el habitualmente denominado principio de proporcionalidad, examinando ambas medidas desde los criterios de adecuación, necesidad y ponderación que lo constituyen. Para estos efectos se desarrolla un marco conceptual que permite comprender la legitimidad de la huelga de hambre, como mecanismo mediante el cual se reclama el efectivo disfrute de determinados derechos fundamentales.