Luego de casi diez años de vigencia de la reforma constitucional del año 2005, los operadores jurídicos han advertido el acotado alcance de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como vía de tutela de los derechos fundamentalmente garantizados en el proceso civil, en especial, como control de constitucionalidad de las sentencias y actos procesales. Esto lleva a plantearse si es posible proponer al recurso de protección como una vía idónea de control de constitucionalidad respecto de las actuaciones de los tribunales civiles, propuesta que en este trabajo se afirma y justifica.