El reconocimiento y activación, desde la Constitución, de mecanismos para la defensa por los ciudadanos de sus derechos e intereses legítimos ante del poder, ocupa hoy un lugar común en los sistemas jurídicos contemporáneos. Entre ellos, resultan particularmente relevantes las garantías de control jurisdiccional de la función administrativa; las que han experimentado un desarrollo vertiginoso en algunos países de Europa y Latinoamérica con la entrada del siglo XXI. No sucede así, sin embargo, en el caso cubano. Difícilmente puede afirmarse hoy que la justicia administrativa en Cuba es ese instrumento garante de los derechos de los ciudadanos y del interés general frente al actuar lesionador de la Administración Pública que cabe predicar de ella. Ello es debido, en gran parte, a la falta de compromisos constitucionales con esta institución, que no ha encontrado en el texto fundamental un asidero sólido para su despliegue y desarrollo. El presente trabajo analiza el casi nulo rol de la Constitución cubana en la ordenación y realización de la justicia administrativa y sus negativos efectos, con el propósito de promover en los responsables de la creación y aplicación del Derecho, un cambio de perspectiva y de actitud en relación con la forma de entender el control jurisdiccional sobre la actividad administrativa, de cara a ofrecer a los ciudadanos las garantías idóneas para la defensa de sus derechos e intereses en sus relaciones con la Administración.