En Colombia la consulta previa es el derecho fundamental de las comunidades tradicionales a ser escuchadas y tenidas en cuenta antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectarlas. Con éste no sólo se busca garantizar su participación en dichos eventos, sino también la protección de otros derechos fundamentales como, por ejemplo, su integridad física y cultural, el derecho al territorio y a la libre autodeterminación. A pesar de ello, su aplicación ha generado fuertes polémicas en el país. Particularmente, la falta de claridad del Decreto N° 1320 de 1998, que reglamenta el proceso de consulta para la explotación de recursos naturales dentro de territorios colectivos, ha sido señalada como la causa principal para la escasa realización de consultas previas en el territorio colombiano. No obstante, este artículo defiende la tesis de que los fallos emitidos por la Corte Constitucional colombiana en la materia, no sólo desarrollan los elementos de la consulta previa, sino que también fijan las reglas generales para su correcta aplicación. Para ello se presentan las líneas jurisprudenciales contentivas del marco regulatorio para la realización de procesos de consulta.