La ejecución de sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en cabeza del Estado condenado, quien tiene la obligación de ejecutarlas de forma integral; sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado inejecutables algunas sentencias, argumentando la violación del ordenamiento jurídico interno y la vulneración de la soberanía nacional, desconociendo de esta forma las obligaciones que el Estado venezolano como firmante del Tratado asumió al adherirse al mismo.