Resumen: La Constitución argentina, aunque proyectó una política migratoria generosa, dio a la autoridad estatal competencia para regular el ingreso y la salida de extranjeros. La legislación y la jurisprudencia aplicaron las cláusulas constitucionales respectivas de manera variable, según las cir cunstancias políticas de cada época. Tales cláusulas deben ser hoy leídas de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.