En Chile se promulgó en el año 2011 la Ley de Violencia Escolar tras un debate parlamentario de tres proyectos previos. Este artículo presenta los resultados de un análisis de esta ley, usando el análisis crítico documental como herramienta de análisis. Los resultados indican el ejercicio de un poder disciplinario y la prescripción de una vigilancia jerárquica por parte de los adultos que trabajan en la escuela. Se evidencian técnicas de distribución de los individuos frente a la sanción normalizadora, donde el estudiante es visibilizado con fines punitivos, graduándose sus faltas con consecuencias que podrían llegar a la exclusión escolar y social. La convivencia escolar es concebida como un factor situacional que inhibe la violencia. Su responsabilidad recae en los adultos trabajadores de la escuela, invisibilizando la co-construcción y, por tanto, la co-responsabilidad de alumnos y apoderados. El efecto discursivo es la naturalización de la racionalidad penal por sobre la pedagógica, lo que resta valor a la función formativa de la escuela.