Como consecuencia del estado de crisis general que enfrentó el país post Primera Guerra Mundial, se inició un periodo de transformación del Estado en cuanto a su rol, estructuras y funciones, proceso que fue liderado por Carlos Ibáñez del Campo, quien personificó las demandas de los sectores medios que exigían más participación del Estado. Estos intentos de reforma estatal, que tuvieron como respuesta administrativa automática el crecimiento de la administración pública y la proliferación de la burocracia, comprendieron una aspiración modernizadora vía creación de instituciones con autonomía y de controles institucionales. Sin embargo, estas iniciativas no se enmarcaron en un proyecto integral de modernización administrativa, sino más bien lo que hubo fue un conjunto de decisiones desarticuladas carentes de una visualización de fines y medios a largo plazo, que terminaron por obstruir la cristalización de un Estado moderno. Hablamos aquí de un intento modernizador frustrado, derivado de la incapacidad del país de modernizar la estructura encargada de la implementación de políticas. Al no existir una adecuación de la maquinaria administrativa, al Estado le quedaron pocas posibilidades de materializar sus nuevas funciones, como quedó en evidencia en la década de 1950.