Tras la aprobación de la Constitución de 1978, en la que se recoge como una garantía de los ciudadanos frente al poder de la administración, la figura del Defensor del Pueblo, fueron varios los estatutos de autonomía que recogieron instituciones similares en el ámbito de las respectivas comunidades autónomas: el Ararteko en el País Vasco, el Sidic de Greuges en Cataluña o, por ejemplo, el Valedor do Pobo en Galicia. Todas estas figuras autonómicas y el propio Defensor del Pueblo estatal tienen en común con el Justicia de Aragón su misión de velar por el correcto funcionamiento de la administración, cuidando de que esta no vulnere en su actuación los derechos y libertades de los ciudadanos.