En el presente artículo se resumen los principios fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y recogidos por la jurisprudencia y doctrina conforme a los cuales las sanciones que puede imponer la administración deben encontrarse clara y determinadamente señalados por una norma de jerarquía legal. No es posible delegar dicha facultad en una norma infra-legal como tampoco que la autoridad administrativa pretenda por sí y ante sí imponer las mismas.