Los señores comisionados entendieron claramente la disposición constitucional como una explicación de un principio más general. como lo es el de igualdad ante la ley, no pudiendo, en consecuencia, la autoridad establecer un trato desigual o discriminatorio respecto de los postulantes, deseando con ello garantizar que toda persona que quiera acceder a un cargo público, pueda hacerlo cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes.