De un tiempo a esta parte los ejes de la política pública se han centrado en los aspectos vinculados a seguridad, fenómeno que no ha sido exclusivamente nacional. La gestión de riesgos y la exigencia de mejores niveles de seguridad pública se han traducido en una demanda creciente por mayores intervenciones públicas en esos ámbitos. En función de esa demanda, desde la perspectiva técnico—instrumental, se van estableciendo cada vez más cláusulas generales de apoderamiento o conceptos jurídicos indeterminados, lo que ha significado una ejecutivización de potestades estatales que (paradójicamente) han puesto en peligro las libertades públicas.