Tras 25 años de vigencia, 15 años después de su entrada en funcionamiento en régimen democrático y 5 años de tramitación mediante, la Constitución de 1980 fue -finalmente- reformada con el propósito de superar los vestigios de autoritarismo presentes en su texto y dar un paso cuasi-definitivo a nivel institucional para concluir la transición a la "plena" democracia. En este trabajo, pretendo verificar que, al menos, en materia de procedimiento de reforma constitucional, nuestra constitución posee aún una estructura muy rígida que se aviene mal con el principio democrático presente en las Bases de la Institucionalidad y que, en consecuencia, debe informar toda la Carta Fundamental.