El propósito de esta presentación es demostrar que la marginación de los derechos sociales, económicos y culturales (derechos de la segunda generación) del ámbito de acción del recurso de protección (RP), es errada, pues descansa sobre una verdad a medias, y arbitraria, ya que carece de un fundamento de razón, justicia o bien común que la justifique suficientemente. Por consiguiente, se concluye en la necesidad de modificar el artículo 20º de la Constitución vigente, con miras a asegurar su directa protección y terminar así, definitivamente, con la inconstitucional práctica de la “propietarización”, surgida del ingenio de nuestros abogados y mantenida por la tolerancia de los Tribunales, frente a la necesidad de llenar un vacío de nuestra institucionalidad que ya no puede mantenerse por más tiempo.