La sentencia de la Corte Suprema, López y Ceballos, representa un paso más en el avance de los tribunales de justicia dentro de los ámbitos de competencia típicamente reservados a los órganos políticos. Con su actuación, el máximo tribunal chileno se entrometió en una de las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, que es la conducción de las relaciones exteriores del país. Al margen de sus motivaciones y argumentos, esta decisión judicial puede interpretarse como un signo más del fenómeno conocido como judicialización de la política. En términos generales, este fenómeno implica un debilitamiento de los poderes políticos en las tareas de gobierno y organización, el cual es compensado por los jueces a través de un activismo apoyado en la retórica de los derechos humanos.The ruling of the Supreme Court, López y Ceballos, represents a further step in the advancement of the courts of justice within the areas of competence typically reserved for political bodies. With its performance, the highest Chilean court interfered in one of the exclusive powers of the President of the Republic, which is the conduct of the country’s foreign relations. Regardless of their motivations and arguments, this judicial decision can be interpreted as another sign of the phenomenon known as judicialization of politics. In general terms, this phenomenon implies a weakening of the political powers in the tasks of government and organization, which is compensated by the judges through an activism supported by the rhetoric of human rights.