En la evolución del Estado de Derecho, se reconoce un camino de consolidación en orden a entender a la persona como el centro de la organización política y a partir de ello, se profundiza en la trascendencia y protección de los derechos del hombre, pero vaya paradoja, paralelamente también en este camino, han tenido expresión actuaciones y conductas de carácter ilegal y/o arbitrarias que se exteriorizan a través de actos emanados de órganos integrantes de la Administración que, con fuerza y realismo, ponen en peligro algunos de aquellos derechos, al desconocerlos o afectarlos de manera sustantiva, conductas que responden a variadas causas, las cuales, muchas veces se pretenden defender y justificar por quienes las determinan y materializan.