El artículo examina las obligaciones de transparencia que debe cumplir el Tribunal Constitucional como organismo público. Se da cuenta del régimen jurídico que sobre esta materia se aplica al Tribunal, el cual se conforma tanto por aquellas disposiciones de la ley 20.285 que se le aplican, como por las modificaciones introducidas a su ley orgánica por la ley 20.381. La efectividad de la transparencia del Tribunal Constitucional, es sustancial para legitimar la función que este cumple, cual es, velar por la vigencia institucional dentro del marco constitucional. Por ello, se explora cuál es el estado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa; se identifican las dificultades que el Tribunal deberá sortear para dar cumplimiento a las exigencias del principio de publicidad, no solo de la información jurisdiccional sino también la de índole administrativo y de gestión de los recursos públicos que tiene a su cargo. Finalmente, se plantean otros aspectos que también son relevantes para asegurar la transparencia por parte del Tribunal.