No recuerdo -de momento- quién tuvo la buena ocurrencia de acuñar la expresión “ley acontecimiento”, para aludir a aquella práctica de legislar al galope de la coyuntura. Son las crisis las que gatillan la emisión de nuevas leyes: ayer, para enfrentar un exceso de precipitaciones, aprobamos de prisa la Ley 19.525 (10 de noviembre de 1997) sobre evacuación de aguas lluvias; hoy, en el transcurso de una sequía, sacamos la Ley 19.613 (8 de junio de 1999), que reforma el DFL 1, de Minería, de 1982, ley general de servicios eléctricos.