Comenta el autor el criterio adoptado por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmado luego por la Corte Suprema, en cuanto a que las Resoluciones de Calificación Ambiental que aprueban ambientalmente un proyecto, son actos administrativos de opinión y no de resultado, incapaces por sí, de contaminar el medio ambiente o afectar la salud de las personas, y por ende incapaces de ser objeto de un recurso de protección basado en la garantía del Nº 8 del artículo 19 de nuestra Constitución Política (“CP”). A su juicio, si una Resolución de Calificación Ambiental (en adelante “RCA”), aprueba un proyecto que no cumple con la normativa ambiental aplicable, por ejemplo normas de emisión, o no se hace cargo de sus efectos ambientales relevantes, debe ser susceptible de anulación por la vía de un recurso de protección.