Las Leyes Nos. 20.417, de 2010, y 20.600, de 2012, han instaurado la nueva institucionalidad ambiental en nuestro país, la cual pretende proveer de una organización administrativa a la altura de los desafíos que la sociedad actual demanda. El establecimiento de una entidad fiscalizadora especializada en temas ambientales como la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, SMA) y la creación de una judicatura ad hoc, constituyen un conjunto de herramientas que permiten enfrentar los conflictos que se dan en este escenario.