La Dirección de Vialidad exige para el uso de los caminos públicos y sus fajas una autorización, la que a juicio de las empresas concesionarias de servicios, se opone a los derechos que les confiere su respectiva concesión. La Contraloría General de la República ha sostenido que dicha atribución de la Dirección de Vialidad es legítima, sin embargo la ha limitado. En materia de traslados y cambios de servicio, se ha innovado en cuanto a los convenios y transacciones, sin embargo, no se soluciona el problema de fondo, relativo a la disminución del impacto de las operaciones de traslado en los contratos de construcción y programas de obra.