Las siguientes líneas tienen como propósito abordar el significado de la incorporación del principio de probidad a la Constitución chilena, en 2005, y revisar el rol de la Contraloría General de la República, exponiendo algunas disfuncionalidades de la denominada “toma de razón”. La ponencia finaliza proponiendo algunas ideas para rediseñar el sistema de control de la Administración Pública chilena, de manera que funcione como un guardián eficaz de la probidad y la buena gestión pública.