El Tratado de Ancón confirió a Chile la posesión de Tacna y Arica por diez años, tras los cuales un plebiscito debía determinar si pasaban a su dominio y soberanía o retornaban al Perú. No obstante, el Estado peruano llevó a cabo estrategias  para contrarrestar las políticas de “chilenización” y conservar la adhesión de sus “provincias cautivas”. Para ello subvencionó agentes que incursionaron precisamente en espacios que suelen moldear el carácter nacional de los individuos:  escuelas, parroquias, sociedades benéficas y prensa. Este artículo pone en evidencia algunos testimonios de esa suerte de doble administración que tuvieron ambas provincias: una formal chilena con base jurídica, y otra informal y  clandestina, llevada a cabo por el Perú. Estas acciones peruanas clandestinas contribuyeron a que durante las primeras décadas del siglo XX Chile aplicara políticas drásticas contra los agentes peruanos y la población irredenta.