En el Estado de Derecho, los derechos fundamentales operan como límite de la acción estatal y como actuación para asegurar en el derecho procesal su realización. La impronta del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio implica la necesidad de separar las facetas de acusación y decisión, como así también la investigación y el juicio, eliminando del proceso penal los resabios inquisitivos que contrarían el mandato constitucional del debido proceso. El sistema adversarial busca dotar al proceso penal de mayor celeridad, más contradicción y en consecuencia de mayores garantías para el imputado, para la víctima y demás sujetos procesales. Los postulados son el principio de oralidad y contradicción y la aplicación del principio de oportunidad para el juzgamiento de los casos penales, lo que implica un avance desde el punto de vista práctico para la resolución de los conflictos.