En el último tiempo hemos sido testigos de un creciente conflicto de intereses relacionados con los derechos de la ciudadanía al pleno uso de bienes nacionales de uso público como son las playas de mar. Este conflicto se ha agudizado por la posición invariable del Gobierno de asegurar y garantizar un acceso libre y gratuito a las playas del mar, amparados en el texto del artículo 13 del Decreto Ley 1.939 de 1977, que establece un breve procedimiento para la imposición de accesos por terrenos colindantes a la playa de mar, cuando no existan otras vías públicas al efecto.