La Constitución de 1980, según aparece de las actas oficiales de la Comisión de Estudios para su formulación, estableció un conjunto de preceptos que persiguen robustecer el principio de juridicidad y, con ello, la existencia y vigencia del concepto de estado de derecho en Chile y, a la par, establecer un catálogo de derechos fundamentales de las personas garantizados con los mecanismos de acción para asegurar su cautela ante el Poder Judicial. Ambos conceptos, principio de juridicidad y derechos fundamentales, constituyen una suerte de relación necesaria, pues el uno y los otros procuran limitar el ejercicio del poder estatal en beneficio del elemento más importante de su existencia, a saber, las personas que habitan su territorio.