El concepto de género, podemos entenderlo como un dispositivo analítico que permite comprender que las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, no sólo remiten a características biológicas, sino que responden a una construcción social y cultural que deviene en disposiciones de todo tipo (simbólicas, estructurales, políticas, etc.) que terminarán determinando nuestro habitar en el mundo (Rubin, 1975; Lamas, 1986; Lauretis, 1987; Scott, 1990; Barbieri, 1993). No obstante, posicionar las desigualdades de género en la agenda pública no ha sido una tarea fácil. Han sido bastantes los años de trabajo, visibilización, manifestaciones, argumentación pública, investigación y esfuerzos varios para validar la legítima demanda sobre la necesidad de aunar voluntades con el propósito de resolver las brechas sociales, culturales, políticas y económicas entre hombres y mujeres. Y no solo las brechas, sino también las ausencias y los silencios de un Estado, de una política pública, de una sociedad que por décadas ha pasado por alto las violencias y la vulneración de derechos por razón de género.